Exmilitares venezolanos recibieron “grandes cantidades de dinero” por contrato entre España y Venezuela

España y Venezuela firmaron en el año 2005 un acuerdo para la construcción de 8 barcos patrulleros, por los que el gobierno nacional desembolsó 1.200 millones de euros. Navantia, la empresa española encargada de la elaboración, destinó 42 millones de euros del contrato a pago de comisiones.

Los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides se habrían llevado buen parte de las comisiones, junto a un grupo de exmilitares venezolanos. Asó lo informa el diario ABC de España.

Entérese de los detalles a continuación:

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ABC de España

Por Javier Chicote

Fue el gran contrato de la empresa española Navantia durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200 millones de euros.

El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42 millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, 3,5 % del monto global del contrato.

Un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña de 100% del capital de Navantia.

La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005, en Caracas.

Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5% de la venta, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.

Más comisiones

Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron “grandes cantidades de dinero” a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército bolivariano, liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad alguna “porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve”, asegura al periódico español ABC una fuente que intervino en la operación.

Fuentes no oficiales de Navantia consideran “escandaloso” que se pagaran 42 millones de euros en comisiones en una venta que se había cerrado de Estado a Estado: “Lo que hizo Salas Collantes lo podía haber realizado alguien de Navantia”. La postura oficial de la naviera pública es que los comisionistas fueron necesarios.

Se trata de cuatro barcos BVL (Buque de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro POVZEE (Patrullera Oceánica de Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica). Sólo falta por entregar el último buque, que se está construyendo en el astillero venezolano Dianca con tecnología de Navantia.

Al parecer, Estados Unidos intentó vetar la operación. No lo consiguió con los barcos pero sí con una partida de aviones que la española CASA iba a fabricar y que incluían tecnología estadounidense